Fomento ascendió al acusado de corrupción de Adif a jefe de todas las obras del AVE

La operación Yogui de la Guardia Civil que ha permitido desarticular una presunta trama que habría generado sobrecostes intencionados en la construcción del tramo de Alta Velocidad (AVE) de La Sagrera en Barcelona apunta a un alto cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que fue ascendido por ese organismo dependiente del Ministerio de Fomento para convertirlo en máximo responsable de las obras del AVE en toda España.

El directivo en cuestión es Rafael Rodríguez G., que en el período investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil era el director de la Línea de Alta Velocidad Noreste y, por tanto, responsable de la ejecución de las obras que están siendo ahora objetivo del procedimiento penal que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. Se le imputa un delito de malversación de fondos públicos. En concreto, la Fiscalía le acusa de haber permitido que se efectuara un modificado en el tramo de La Sagrera que elevó los costes de ejecución de esas obras de 86 a 92 millones de euros. Los representantes del Ministerio Público aseguran que Rodríguez G. aceptó regalos de la constructora Corsán, adjudicataria de las obras, a cambio de aprobar ese incremento de coste.

Se da la circunstancia de que en marzo de 2013, el presidente de ADIF, Gonzalo Ferre, que acababa de llegar al cargo, decidió reestructurar la cúpula de la empresa pública y colocó al directivo ahora acusado de corrupción al frente de todas las obras de AVE en España. Así, Rodríguez G., funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, pasó a desempeñar la función de director de Proyectos y Construcción, convirtiéndose así en la máxima autoridad de ADIF en la supervisión de la ejecución de todas las nuevas líneas de alta velocidad. El pasado 17 de enero, el Consejo de Administración de ADIF aprobó la remodelación de su cúpula pero mantuvo en su cargo a este directivo.

Obras del AVE a Sagrera. (Efe)

La decisión resulta aún más llamativa porque, como ha reconocido la propia ADIF, los investigadores avisaron a la dirección de la empresa pública en junio de 2013 de que se habían detectado presuntas irregularidades en la gestión de uno de los tramos. Desde ese momento, ADIF colaboró con el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona en el esclarecimiento de estos hechos. Pero no consta que tomara ninguna medida para identificar a sus supuestos responsables. Al contrario, mantuvo en su cargo a ese directivo hace cuatro meses.

Irregularidades contables

No sólo la Guardia Civil ha puesto en el punto de mira la gestión de Rodríguez G. El estallido de la operación Yogui ha llevado al Tribunal de Cuentas a revelar que desde abril de 2013 investiga los sobrecostes que registró la construcción de la Línea de AVE Madrid-Barcelona, de la que Rodríguez G. fue responsable directo. Según los cálculos del órgano fiscalizador, las modificaciones del proyecto original supusieron incrementos de costes en algunos tramos de hasta el 230%. Los pagos sin justificación ni explicación superan los 415 millones de euros.

Rafael Rodríguez (i) con José María Urgoiti. (ADIF)

Ninguna de estas circunstancias impidió que el directivo acusado por la Fiscalía de cobrar sobornos fuera promocionado hasta llegar a la cúpula de la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento. Tras ese ascenso, Rodríguez G. ha sido el encargado de autorizar decenas de modificados de obras y expropiaciones de proyectos de todo el territorio nacional.  

Un artículo premonitorio

En mayo de 2010, Rodríguez G. publicó una carta en la revista del colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para responder a las acusaciones que meses antes había vertido contra él otro colegiado, que llegó a acusarle de corrupto. “Frases como (…) que ‘algunos altos cargos que hayan recibido comisiones’ ofenden (…) muy especialmente al considerar que se trata de gravísimas acusaciones que carecen de fundamento”, reprochó Rodríguez G. a ese otro colegiado. “Si existen pruebas o indicios de delito hay que ir al juzgado. Lo que hace el autor del artículo lanzando sospechas generalizadas sobre los responsables de la actuación supone reactivar y colaborar en una campaña de desprestigio contra la profesión que debería recibir algún comentario desde los órganos de dirección del Colegio”, reclamó el directivo ahora imputado.

Curiosamente, el texto contó también la firma de Jaime García-Germán L.-B., el otro directivo de ADIF que ha sido imputado en el caso Yogui. A este otro responsable de la empresa pública de infraestructuras, que fue gerente del tramo bajo investigación, se le acusa directamente de haber recibido como pago de la constructora Corsán un viaje a Estados Unidos.

Por lo pronto, la instructora del caso Yogui, Silvia López Mejía, decidió este miércoles decretar el ingreso de ambos en prisión bajo fianza. El reducido importe del aval impuesto, únicamente 30.000 euros, y el hecho de que el valor del sobrecoste bajo investigación sea de sólo 6 millones de euros en una línea que costó finalmente más de 9.000 millones, ha generado algo de alivio en ADIF, donde ambos directivos son muy conocidos y apreciados.