CANTABRIA
El Ayuntamiento acusa a Fomento de planear «otro Castilla-Hermida» y el ministerio le habría ofrecido gestionar los terrenos para obtener los 283 millones de su aportación
MARIANA CORES| SANTANDER
Para el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, sería un «error histórico» convertir los 446.000 metros cuadrados afectados por la reordenación ferroviaria en un «segundo Castilla-Hermida». De la Serna, junto al concejal de Urbanismo, César Díaz, aseguró ayer que el Ministerio de Fomento quiere incrementar la edificabilidad de esta zona en un 44,24%, hasta llegar a los 313.000 metros cuadrados, en lugar de los 217.000 metros cuadrados propuestos por el equipo de gobierno santanderino para obtener fondos para la reordenación ferroviaria.
La versión de Fomento es otra. Desde el Ministerio se asegura que para hacer viable la operación, cuyo coste total es de 679,1 millones de euros, es preciso situar la edificabilidad de 313.000 metros cuadrados.
Detrás de estas diferencias está la crisis. Fomento encargó a la sociedad pública Segipsa una valoración económica del posible valor de suelos liberados para estimar los ingresos que se podrían obtener. El Ayuntamiento había calculado en su día que con 225.000 m2 de edificabilidad en esos 446.000 metros cuadrados se lograban los ingresos necesarios. Pero ésas eran cifras anteriores a la crisis. A día de hoy, Segipsa, con un valor estimado de rendimiento de 1.108 euros por metro cuadrado, sostiene que es necesaria una edificabilidad de 313.000 metros cuadrados para hacer viable la operación. Estas cifras se las hizo saber el secretario de Estado de Relaciones Institucionales del Ministerio de Fomento, Víctor Morlán, a De la Serna en la reunión mantenida el 2 de abril.
Pero para el alcalde, aceptar este planteamiento sería «cometer un error histórico por ganar más dinero. La noticia nos fue comunicada de manera sorprendente, ya que nos dijeron que la edificabilidad, sí o sí, es de 313.000 metros cuadrados». Sin embargo, desde Fomento reiteran que «simplemente planteamos una opción, que en ningún momento se impone».
La propuesta
De la reunión celebraba en Madrid el 2 de abril, según fuentes de Fomento, surgió la siguiente oferta económica al Ayuntamiento de Santander: el Ministerio se encargaría de financiar y ejecutar todas las actuaciones relacionadas con la reordenación ferroviaria, cuyo presupuesto es de 375,9 millones de euros, y asumiría los posibles desvíos de coste.
El Gobierno de Cantabria mantendría su aportación de 20 millones de euros.
El Ayuntamiento de Santander aportaría los 283,2 millones de euros restantes para financiar las actuaciones que completarían la integración de las vías ferroviarías (traslado de talleres, urbanización, cobertura de las vías...).
A cambio se le cedería al Consistorio «la totalidad de los suelos que se liberen», para que, de esta forma, obtenga de ellos los recursos necesarios para cumplir con la aportación económica comprometida, escogiendo la ordenación que estime más conveniente.
Comisión de Sostenibilidad
El alcalde aseguró ayer que convocará al Consejo de Sostenibilidad cuanto antes (en el que participan asociaciones de vecinos, la Universidad de Cantabria, sindicatos, ecologistas, técnicos, miembros de la CEOE, los grupos municipales...) para analizar la propuesta del Ministerio y estudiar la respuesta que se dé.
La ciudad, resaltó, «tiene que decidir si se lastra para siempre el único espacio de transformación que le queda y se mejora la calidad de vida de los vecinos de Castilla-Hermida».
El regidor siguió incidiendo en que el resultado de aumentar la edificabilidad sería algo «mucho peor» que la construcción de otro barrio de la dimensión de Castilla-Hermida. «No quedaría espacio de esparcimiento para las 15.000 ó 20.000 personas» que allí se concentrarían.
Explicó que al no poder construirse en la superficie que cubrirá las vías del tren (ya que no van soterradas, sino cubiertas) y si se respeta el bulevar de entrada a la ciudad, para la descongestión del tráfico, todo el espacio «se convertiría en edificios» y no habría lugar para zonas verdes, ni para el centro social, ni el centro de salud, ni otros de los muchos equipamientos previstos para la zona.
Manteniendo el proyecto de construir edificios de entre seis y nueve alturas, «que ya está bien», puntualizó, la nueva zona no respetaría los ratios de dotaciones y espacios verdes que marca la ley autonómica. También reconoció que hay otras opciones, como elevar la altura de los edificios o construir otra torre como la proyectada de 140 metros de altura y 70.000 metros cuadrados. Pero recordó que la zona de Cajo «ya está suficientemente saturada» y en ésta no se podrían hacer más inmuebles.
El alcalde explicó que si desapareciera la zona verde más amplia y el centro cívico proyectado, «esto sólo generaría 40.000 metros cuadrados». Si a esto se le suma la supresión del entorno socio-cultural «tampoco llegaríamos, porque serían 80.000 metros cuadrados».
De la Serna recordó que en la última reunión mantenida con la Secretaría de Estado en septiembre de 2008 «dieron por buenos los acuerdos», aunque sí les sorprendió que pasado el mes de plazo para la supuesta próxima reunión «no nos volvieron a llamar», hasta que acudieron a Madrid el 2 de abril. Fue entonces cuando les comunicaron los cambios aludiendo a que «la situación económica había cambiado y que se necesitaba más dinero». A este respecto, el regidor recordó que ellos habían entregado un informe economico-financiero que demostraba la viabilidad del proyecto e incluso plusvalías.
De la Serna aseguró que este nuevo paso de Fomento «tiene una tremenda importancia», ya que el incremento de edificabilidad supone pasar del 0,75, al 1,06, según la ley de Cantabria, si se descuentan, del total de la superficie libre, los sistemas generales viarios y los ferroviarios. Lo que el equipo de gobierno tiene claro, señaló De la Serna, es que quiere que la actuación se acometa «cuanto antes».
Los proyectos
Los 283,2 millones de euros que tiene que aportar el Ayuntamiento se invertirían en el cubrimiento de las vías de Renfe y FEVE, el traslado de los talleres de ambas compañías y de la estación de mercancías y en la construcción de nuevos equipamientos. Entre estos equipamientos destacan un instituto (el actual Alberto Pico será derribado), una guardería, un centro de salud, un centro social y cultural o la sede de la Policía Local, entre otros.
También se construirá el bulevar de entrada a la ciudad y la conexión entre la zona que se cubre de las vías con la calle alta a través de la ladera con un ascensor panorámico y escaleras mecánicas. Pero tampoco hay que olvidar la edificabilidad para uso residencial contemplada en la zona de Cajo, la zona central de Castilla-Hermida y en parte de la torre de 140 metros cuadros que se levantará. También se reserva un espacio para uso comercial, de aparcamiento, oficinas y hotelero. En su día, el alcalde explicó que todo ello generará unas plusvalías que superarán los 300 millones. Así, agregó, la viabilidad del proyecto está justificada y no sólo se cubren costes gracias a las plusvalías urbanísticas, si no que hay un «colchón económico».
