El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM) ha declarado nulo a todos los efectos el expediente de regulación de empleo (ERE) que la Comunidad de Madrid aplicó en otoño de 2012 al personal laboral fijo de la Agencia de Protección de Datos regional. Los magistrados fundamentan su resolución en que, además de ejecutarse antes de que entrara en vigor la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos autonómicos de 2013 en que se amparaba ese despido masivo, no se justificaron de forma suficiente las supuestas pérdidas futuras (en el balance) que darían respaldo legal al ERE con arreglo a la última reforma laboral.

Aunque desde la Comunidad de Madrid ya se ha anunciado la intención de recurrir el fallo, la decisión del TSJM implica, en principio, la reincorporación a sus puestos de trabajo de la veintena de empleados despedidos. El problema es que la agencia quedó disuelta a todos los efectos el pasado 1 de enero, de modo que solo cabría recolocarlos en otros órganos o empresas de la administración regional.

Desde los sindicatos, se valora que esta sentencia puede sentar un precedente de cara a otros casos de despidos colectivos en el seno de la administración pública. No obstante, la última palabra la tendrá el Tribunal Supremo.