Los empresarios de confianza del PSOE amenazaban con bloquear los pagos a proveedores si no abonaban comisiones

INGENIEROS que no eran ingenieros. Personas que ni siquiera existían. Trenes que nunca llegaron a circular. Responsables técnicos que no reconocen sus firmas en documentos oficiales. Concursos públicos amañados con empresas que no estaban habilitadas para presentarse. Subvenciones que nunca debieron pagarse. El Tren del Guadiato, el proyecto estrella de los Miner, forma parte protagonista de la galería de los horrores del «caso Rocket», la operación de la Guardia Civil contra la gestión presuntamente ilegal de los fondos Miner en Peñarroya-Pueblonuevo bajo el mandato de la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE). Estaba «falseado» desde su concepción, según las conclusiones de los agentes.

En su investigación, concluida, la Guardia Civil ha incluido un análisis exhaustivo de la documentación incautada. Se trata de expedientes administrativos cruzados con numerosos correos electrónicos, cartas y los propios testimonios de los imputados, más de una docena. La conclusión es que la primera fase del proyecto tiene tal grado de irregularidades que no se queda en una cuestión administrativa —dicen los agentes— sino en una trama para eludir la ley.

Proyecto caro

En números, de casi 1,5 millones de euros del Miner que se destinaron al Tren del Guadiato, unos 600.000 se corresponden con trabajos realizados. Otros más de 600.000 fueron a parar a las empresas con las que Luisa Ruiz concertó el desarrollo del proyecto. Empresarios catalanes, imputados, de las entidades Cehfe (Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español) y CFGT (Compañía General de Ferrocarriles Turísticos). Ese dinero no se sabe por qué se pagó. El resto corresponde a fondos que cobró como comisión, sorprendentemente, una empresa municipal, de nombre Pivag. La Guardia Civil dice que no se explica por qué razón se abonó ese dinero —160.000 euros— ni dónde fue. El concepto eran «gastos generales» cuyo porcentaje, explica un testimonio, fijaba personalmente la exalcaldesa. Todo ese dinero se cargaba después a las subvenciones del Miner.

Sin control

Una de las cuestiones más resaltadas por los investigadores es el desprecio a la ley de contratos del Estado. El Consistorio peñarriblense convocó un concurso por 224.000 euros para reparar una locomotora MZA-1701. Ese fue el único procedimiento competitivo para un gasto mucho mayor (1,5 millones de euros). Ese concurso, se afirma, estaba amañado. Los investigadores han comprobado que fue el empresario Carlos Guasch —el jefe en Cehfe y CFGT— quien le dijo a la exalcaldesa a quién tenían que invitar al concurso ya que eran necesarias tres ofertas. Además, los investigadores tienen pruebas de que fue Guasch quien redactó las cartas de las empresas que declinaron quedarse con el contrato por una supuesta carga de trabajo, al parecer, inexistente.

Guasch tenía buenos contactos en el Ayuntamiento peñarriblense y, además, lo hacía notar ante los proveedores. Él decía cómo había que facturar y dónde había que remitir los documentos. De hecho, exigía comisión por cada trabajo realizado.

La locomotora MZA-1701, que iba a ser la estrella del Tren del Guadiato, se reparó en la empresa Talleres Celada. Guasch cerró el trato con su propietario antes que hubiese concurso aunque contrataba el Ayuntamiento. El problema es que, una vez en marcha el encargo, el empresario catalán empezó a requerir dinero a los talleres a cambio de «asesoramiento». En realidad, comisiones. En una carta al propietario de la empresa de reparaciones, dice lo siguiente: «Si la locomotora ha llegado a Talleres Celada para su restauración no ha sido algo caído del cielo». Lo que le reclama es que le pague una parte del dinero que el Consistorio de Peñarroya le facturaba por la reparación del tren. El propietario del taller le contestó por escrito que «chanchullos, ni uno más». La carta termina así: «Las amenazas me entran por un oído y me salen por otro». El propietario del taller testificó que el asesoramiento no fue nunca real. Eran meras cuestiones verbales de orden estético. Aún así, Cehfe y CGFT cobraron de Talleres Celada 150.000 euros.

El caso es que este tipo de facturas extrañas entraron con normalidad en la sede del Consistorio y, en concreto, en la mesa de la exalcaldesa y aún portavoz municipal del PSOE. El Consistorio —y, por ende, el Gobierno central por medio de los fondos Miner— abonó 12.000 euros por informes de seguridad de la locomotora. Los agentes tienen un testimonio que asegura que la máquina estaba subida en una grúa por lo que nunca se pudieron realizar pruebas de frenado. De hecho, la restauración de la locomotora nunca llegó a concluirse. «Los informes están plagados de falsedades a juicio policial», explican los investigadores en su minucioso análisis. La clave es que era dinero que se pagaba y se pasaba luego al Miner se hicieran los trabajos o no. Y el Gobierno abonaba puntualmente las ayudas sin preguntar.

Los investigadores han concluido que la entidad oficial que pagaba los fondos Miner nunca tuvo que soltar un euro de dinero público ya que eran trabajos no justificados o irregulares. El Tren Turístico del Guadiato tenía un presupuesto global de 14,4 millones de euros que nunca se desarrolló porque el proyecto quedó paralizado.

El papel de la exalcaldesa

Una de las claves de la investigación es qué papel jugaba la exalcaldesa socialista de Peñarroya en toda esta trama. Los agentes de la Guardia Civil que han llevado el caso no creen que todo fuera un chanchullo entre empresarios avispados. No hay indicios que prueben que la exregidora supiera que el empresario Carlos Guasch cobrase comisiones pero sí existen documentos de que estaba al tanto de otros líos de la trama.

Por ejemplo, existe un correo electrónico de diciembre de 2009 remitido a la dirección de la exregidora que asegura detalles de facturas sobre la reparación de la locomotora antes incluso de que la empresa que lo iba a realizar ganase el contrato convocado al efecto. Ello generó, creen los agentes, «un procedimiento negociado totalmente fraudulento donde el adjudicatario final estaba previamente determinado». También existe constancia de que toda la documentación sobre las características del contrato se filtró desde el Ayuntamiento para que la empresa ganadora realizase su oferta de la forma correcta.

En segunda instancia, los investigadores creen que, siendo perfectamente consciente de que estaban aconteciendo irregularidades, la exalcaldesa dejó hacer e, incluso, aplicó comisiones a nombre de una empresa municipal que ni siquiera tenía personal cualificado. El beneficio privado superó los 600.000 euros.