La formalización del expediente de regulación de empleo pendía sobre los 1.805 trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) desde hacía meses y el consejo de administración lo aprobó este martes. El ERE, sujeto a negociación durante un mes, afectará a 450 trabajadores, una cuarta parte de la plantilla. Se aplicará a lo largo de nueve meses y afectará, sobre todo, a Metrovalencia.

“Es una agresión brutal”, denunció Alicia Murcia, presidenta del comité de empresa en Valencia, nada más conocer los despidos. Este miércoles conocerán de boca de la dirección los detalles del expediente, con el que FGV pretende ahorrarse 22 millones de euros de costes laborales. Los sindicatos ya han solicitado que el plazo de ejecución de los despidos se amplíe a tres o cuatro años lo que ampliará el número de prejubilaciones y no sería tan traumático. Los sindicatos mantienen el paro de 24 horas para este jueves, además de varias movilizaciones. También hay paros parciales convocados para los días 3, 4, 5 y 10 de diciembre. Llevan desde octubre con las protestas.

La reducción de personal afecta tanto a los servicios de Metrovalencia como a los del Tram de Alicante, si bien la idea es evitar los desdoblamientos en las dos capitales y centralizar las áreas. El expediente concentra una reorganización del organigrama de la empresa. Los despidos afectarán a todas las áreas, dijo la dirección.

“Que nadie piense que con 450 trabajadores menos se prestará el mismo servicio a los ciudadanos”, añadió Murcia. Antes que los recortes de personal, la compañía ha recortado el servicio y encarecido el precio de los billetes. A principios de 2012, la Generalitat recibió más de 37.000 firmas de usuarios molestos con el cierre de taquillas que FGV lleva efectuando desde hace dos años tras la puesta en marcha del plan Egeo.

FGV estrenó el año con una subida de las tarifas y al poco tiempo se anunciaron nuevos horarios en la práctica totalidad de las líneas, con un empeoramiento de las frecuencias de paso que afectan, sobre todo, a la Línea 1, la más antigua de la red.

Desde 2009, la empresa ha reducido el número de empleados en 154, pasando de 1.959 a 1.805. El presupuesto ha pasado de 95 millones a los 84 millones previstos para este año. Ahora pretenden reducir hasta 22 millones solo en gastos de personal.

La Generalitat anunció el pasado mes de mayo una reducción a medio plazo de 3.500 empleados públicos. El ERE en Ferrocarrils se suma así al aprobado el pasado verano a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que afecta a 1.100 trabajadores, y al propio Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que supuso el desmantelamiento del servicio y el despido de 211 de sus 327 empleados. La Agencia Valenciana de la Movilidad también acaba de presentar un expediente que afecta a 31 de sus 39 trabajadores.

La reacción en la escena política no tardó en llegar. El portavoz del PP en las Cortes, Jorge Bellver, reconoció que la aplicación del ERE es una medida “durísima” que “hay que tomar” para salvar el actual sistema de bienestar. Los grupos de la oposición rechazaron los términos del ERE y mostraron su apoyo a los trabajadores.

El secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Gabriel Echávarri, reclamó a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, que medie para detener el ERE porque afectará al servicio del Tram. Echávarri recordó que la Línea 2 del Tram, que debe unir la capital alicantina con el municipio de San Vicente del Raspeig, “sigue sin ponerse en marcha, a pesar de que las obras están terminadas e, incluso, los semáforos están en funcionamiento”. Algo inexplicable, según el dirigente.