Consideran que es el primer paso para el desmantelamiento del Centro de Protección y Seguridad (CPS) de la línea de Alta Velocidad en Albacete. CC OO denunció ayer los seis despidos, en una plantilla de nueve trabajadores, que se han producido en este centro cuyo servicio está subcontratado, por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), a la empresa Omega-2.

La responsable provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO y el responsable del área ferroviaria del sindicato, Carmen Juste y Gonzalo Aparicio, respectivamente mostraron su preocupación por los efectos que esta medida, vigente desde el 2 de enero cuando se materializaron los despidos, tendrá en Albacete.

Por lo pronto se traduce en que las labores de vigilancia y control de toda la línea férrea se realizan de forma teledirigida desde Valencia. Además los tres trabajadores cuyos puestos de trabajo se han mantenido se encargan ahora, según denunciaron desde Comisiones Obreras, de realizar labores de vigilancia del centro comercial de la estación de Los Llanos.

«Está claro que la calidad ha dejado de importar en la prestación de los servicios», se lamentaron desde el sindicato subrayando que el fin último que se persigue, en opinión de los representantes de los trabajadores, es cerrar el definitivamente el Centro de Protección y Seguridad. Paradójicamente hace apenas unos meses ese centro era considerado «imprescindible». Y es que, según expusieron, en la huelga general del 14N se establecieron en el centro en cuestión unos servicios mínimos del 100% argumentando que era «un servicio imprescindible».

Criticaron los sindicalistas que apenas dos meses después tanto el servicio como su plantilla parecen ser totalmente «prescindibles». Aparicio lamentó que a punto de que se inaugure el tramo de Alicante de Alta Velocidad, si bien no supo determinar una fecha, se esté destruyendo el empleo creado y truncando de paso cualquier expectativa de generación de nuevos puestos de trabajo en torno al AVE.

Desde Comisiones Obreras exigieron a Adif que dé marcha atrás en la medida adoptada y que restituya en sus puestos a los despedidos.