ELCOMERCIO.ES
8 mayo 2013
El Consejo de Estado ve «irregularidades de especial gravedad» en el tren-tran
Feve tuvo «una voluntad deliberada de violentar las reglas», afirma su dictamen. Ángel Villalba responde que «todo lo que hicimos tenía el visto bueno de los técnicos»
El Consejo de Estado aprecia «irregularidades» de «especial gravedad» en el contrato por el cual Feve encargaba hasta 28 unidades de tren- tran (tren-tranvía) para León y Langreo por valor de 62,3 millones. Tras analizar la operación y atender las explicaciones que les ofreció Ángel Villalba -el entonces presidente de la compañía ferroviaria- el Consejo concluye que hubo «una voluntad deliberada de violentar las reglas que inspiran la contratación del sector público», lo que degeneró en un «quebranto del interés general y el perjuicio para la propia Hacienda Pública».
La ministra de Fomento, Ana Pastor, fue la encargada de comunicar el informe. La titular de obras públicas acudió ayer al pleno del Senado para responder a una pregunta sobre «qué compromisos en firme está dispuesta a asumir respecto a la llegada del AVE a León». Pastor aprovechó la cuestión para desvelar que el Consejo de Estado «nos acaba de mandar un informe demoledor de los ya famosos trenes tren-tran, que no había vías pero sí había trenes».
El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, se emitió el pasado 11 de abril, y confirma la censura a la adquisición de los trenes que ya en su día realizó la Intervención General del Estado. En sus conclusiones, el informe recomienda a Fomento la apertura de un expediente para «que se depuren las responsabilidades administrativas o de otro orden en que hubieran podido incurrir las autoridades y personal al servicio de Feve».
El Consejo, del que forman parte el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, respalda la anulación del contrato con el fabricante Vossloh. La operación de la polémica comenzó con una licitación de 16 millones para fabricar cuatro unidades tren-tran. Al concurso se postularon Vossloh, CAF y Suncove, pero resultó desierto. Posteriormente Feve adjudicó un encargo similar a Vossloh y amplió luego el acuerdo para que el suministro pudiera llegar hasta los 28 trenes, por un monto de 62,3 millones. En estos pasos «se produjo un vicio jurídico en el acto de adjudicación», según el Consejo. El entonces presidente de Feve, Ángel Villalba, remitió unas alegaciones al Consejo de Estado, subrayando que el desarrollo de la red de tren-tran era «una decisión compartida» por la empresa, Fomento, el Principado y los ayuntamientos.
Recuerda que la urgencia de adquirir cuatro unidades tren-tran llegó tras constatar el avance de las obras del soterramiento de Langreo mientras otras ocho iban a tener destino en León. En su escrito Villalba indica que tras declarar desierta la licitación inicial, se inició un proceso negociado sin publicidad y que ni CAF ni Suncove recurrieron la adjudicación. También que Feve ya había incluido en otras ocasiones una cláusula que permitía ampliar los contratos, sin que los juristas pusieran inconveniente.
Tranquilo
«Acepto el dictamen del consejo con la tranquilidad que da que todas estas actuaciones estuvieron respaldadas en su momento por el consejo de administración, los técnicos y el departamento de contratación de la empresa, que entonces estaba dirigido por un abogado del Estado», indicó ayer el expresidente de Feve en declaraciones a este periódico.
