AUMENTA EL MALESTAR POR LA SUPRESIÓN DE TRENES Y CRECE EL CLAMOR CONTRA LA DECISIÓN DE RENFE

¡Es la guerra! El grito, popularizado por los hermanos Marx en uno de sus famosos filmes, puede convertirse en el lema de la lucha incruenta que vive este país durante estos últimos días para defender la pervivencia del tren< más tradicional. Y otra vez las dos Españas se encuentran separadas. Por un lado aquella que accede a la red de Alta Velocidad (con aspirantes ansiosos por alcanzar la meta) y la que ve cómo se pierde el derecho a una parada de los convoyes más veteranos de nuestras líneas férreas. Y no parece que la solución se vea en el horizonte; más bien todo lo contrario. Lo que tanto tiempo costó conseguir, se lo están cargando de un plumazo.

Puebla de Sanabria, Zamora, Segovia, Avila, Guadalajara, Pozoblanco, Valladolid, Sevilla, Huelva, Zafra, Cartagena, Arcos de Jalón, Sigüenza… son solo el iceberg del malestar que crece en todos los rincones del país ante los planes del Gobierno y la supresión de líneas de tren. Cosa que niegan en la operadora ferroviaria que se justifica argumentando que no se suprimen trenes, sino que estos dejarán de parar allí donde no haya demanda. Pero lo cierto, como ha reconocido el presidente de Renfe, es que 90.000 pasajeros se verán afectados este año por la supresión de los servicios ferroviarios. Andalucía, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y, sobre todo, Castilla y León son las comunidades más afectadas. Y lo que ha empezdo con cierta timidez, tiene tintos de que puede acabar en una explosión airada.

Especialmente combativos contra esta política son algunos de los colectivos castellanos que en los últimos días han protagonizado distintas acciones para protestar con los planes de la operadora y que aplaude el Gobierno. La última maniobra se ha vuelto a producir en Valladolid. Arropado por las 10.000 firmas ciudadanas, y con el apoyo de alcaldes de localidades amenazadas por el cierre de servicios ferroviarios, como el de Puebla de Sanabria (Zamora), José Fernández (UGT) ha entregado estás rúbricas en la Consejería de Fomento para seguir en la pelea y que no se cierren más servicios. El secretario del sector ferroviario de UGT en Castilla y León, Felipe de Diego, asegura que el Ministerio de Fomento, a pesar de “tratar de minimizar el golpe que han dado al ferrocarril”, tiene como pretensión “cerrar más líneas de tren a partir del próximo 22 de junio”.

Esas diez mil firmas han sido recogidas en los últimos días en Castilla y León contra la supresión de servicios en diferentes líneas de la región que, en principio, dejarían sin conexión ferroviaria a multitud de localidades en las que actualmente se realizan paradas. “Todo esto no es únicamente una reivindicación laboral. Las diez mil firmas representan a los ciudadanos. En otros lugares como Aragón se ha llegado a acuerdos -con el Gobierno autonómico- e incluso se incrementarán algunos servicios”, ha recordado.

En este acto de protesta han participado cerca de cuarenta personas, entre los que han destacado los parlamentarios socialistas por Zamora, José Fernández (alcalde de Puebla de Sanabria) y Antonio Camacho, acompañados por varios concejales y alcaldes de la provincia afectados por la eliminación de trenes. El alcalde de Puebla de Sanabria ha defendido que deben seguir peleando ya que la idea del Gobierno “no ha cambiado y quieren cerrar el tren “, que en este caso dejaría a esta localidad sin conexión ferroviaria con Orense y Zamora. Durante la protesta, los participantes se han hecho notar con silbatos y han portado diversas pancartas con mensajes por un “servicio ferroviario público y de calidad”, además de camisetas en las que la se ha podido leer “Si privatizan el ferrocarril, perdemos el tren “.

Según asegura la oposición, 1,6 millones de viajeros se van a ver afectados por la supresión de servicios que el Gobierno denomina “ineficientes”, y 1,4 millones más van a sufrir modificaciones a la baja de esos servicios, con supresión de paradas y frecuencias y sustitución del tren por el autobús. En trenes semanales la rebaja sería de en torno al 22%.