TRENEANDO

La Fiscalía de Valencia reclama la reapertura de diligencias por la peor tragedia del metro

23 julio 2013

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¿Vuelta atrás? La Fiscalía de Valencia solicita la reapertura de las diligencias por el accidente más grave de metro ocurrido en España, en concreto el siniestro del 3 de julio de 2006 en el que perdieron la vida 43 personas en la capital valenciana. El Juzgado de Instrucción número 21 archivó la causa en 2008 al considerar extinguida la responsabilidad penal del accidente por el fallecimiento del maquinista.

El Ministerio Público reclama ahora la apertura porque entiende que existen «hechos y datos nuevos que en su momento no se valoraron» y que, añade, «podrían ser constitutivos de 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional, que no estarían prescritos en atención a las penas que llevan aparejadas».

La Fiscalía decidió reabrir las investigaciones del accidente, el más grave en la historia del metro español, tras las denuncias presentadas el pasado mayo por el Partido Socialista del País Valenciano y la plataforma ‘Cercle Obert’. Como prueba entregaron los testimonios emitidos en el programa de televisión ‘Salvados’, que afirmaban que los trabajadores que declararon en la comisión de investigación parlamentaria, cerrada sin atribución de responsabilidades, siguieron un argumentario que Ferrocarriles de la Generalitat, la sociedad pública gestora del metro, les entregó con anterioridad.

La Generalitat manifestó su «respeto absoluto» a la petición de la Fiscalía y garantizó la colaboración del gobierno autonómico «con la mayor voluntad del mundo», en palabras de su vicepresidente, José Císcar. La oposición se felicitó en pleno por una decisión que espera sirva para «que el juzgado reabra las diligencias y se haga justicia». El diputado socialista Ximo Puig anunció que su grupo pedirá la reapertura de una comisión parlamentaria «que se cerró en falso» para «compensar de alguna manera el daño moral producido a las víctimas».

La Asociación de Víctimas del Metro, que celebra cada día 3 una concentración de protesta, desbordada tras el reflote del caso en la opinión pública, celebró que «por fin se aborde una instrucción judicial en profundidad» ya que, a juicio de su portavoz, Beatriz Garrote, en su momento el gobierno valenciano «ocultó información valiosa para aclarar las circunstancias del accidente».

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