• La frenética hora cero del Alvia

David Reinero Santiago 22 OCT 2013 - 00:00 CET

Accidente de tren en Santiago / ÓSCAR CORRAL

“La modificación del proyecto original parece tener su origen en la política de inversión del Adif” dentro de “un plan de reducción de costes de obra”. El juez instructor del accidente del Alvia en Santiago el pasado 24 de julio, Luis Aláez, atribuye así por primera vez a posibles motivos económicos la rebaja de la seguridad en la curva de Angrois en la que descarriló el tren.

Inicialmente estaba previsto instalar en toda la línea Ourense-Santiago un sistema de control constante de velocidad (el ERTMS) que habría evitado el despiste que sufrió el maquinista del tren, Fracisco José Garzón, que circulaba más rápido de lo permitido. Pero antes de ponerse en servicio la línea, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la empresa pública que ejecutaba la obra, decidió no instalar ese sistema en el lugar del accidente, en el que solo actuaba el sistema Asfa, inferior al ERTMS ya que solo controla la velocidad al paso del tren por balizas concretas inexistentes en Angrois. Para el juez, “a la vista del segundo informe sobre la propuesta de modificado del proyecto de junio de 2010, el modificado se inserta en un plan de reducción de costes de obra y mantenimiento”.

Aláez realiza tal novedosa vinculación entre la seguridad y el ahorro en un auto emitido el pasado viernes en el que desestima el recurso que un miembro del Consejo de Administración de Adif, Juan Carlos Cáceres Díez, representante de CCOO, había planteado contra su imputación. Aláez argumenta que como miembro del órgano responsable máximo de velar por la seguridad “conocía o debiera conocer” el “déficit de seguridad que se creaba con el cambio”.

El juez también rechaza que no se puedan pedir responsabilidades a los 22 miembros del Consejo de Administración que ha imputado porque hubiesen delegado las competencias de seguridad en un técnico inferior. De esa delegación Aláez dice que “no consta que se haya hecho con la adecuada definición de obligaciones” y añade que “en cualquier caso por la mera delegación no se opera sin más una relevación absoluta de responsabilidad”, por lo que decide mantener la imputación del recurrente.

Aláez ha emitido otro auto en el que desestima la recusación que el maquinista y una víctima habían formulado contra el perito ingeniero de Caminos Alfredo José Matesanz, encargado por el juez de analizar el accidente. Al tiempo que rechaza que trabajar previamente para Adif como había hecho Matesanz pueda ser motivo de parcialidad en su peritaje, Aláez informa de que dicho ingeniero ya “no va a realizar esa labor de auxilio”. “El debate suscitado ha perdido todo interés en la medida en que no se ha aprobado administrativamente la propuesta” de peritaje. Matesanz había presentado un presupuesto de 810.000 euros.