TRENEANDO
23 octubre 2013
Tres personas han sido detenidas por la Guardia Civil por irregularidades en subvenciones destinadas al desarrollo económico de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), en el marco de una actuación que se lleva a cabo en varias provincias, entre ellas Barcelona, León y Lleida y que ha sido bautizada como ‘operación Rocket’. Los detenidos son la exalcaldesa y actual portavoz socialista de la localidad cordobesa, Luisa Ruiz; el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril, Ricardo Oliver; y el consejero delegado de la Compañía General de Ferrocariles Turísticos, Carlos Guasch. Otras diez personas han sido imputadas por posibles fraudes en la recepción de ayudas para ese municipio y en las posteriores contrataciones públicas. El juez ha declarado secreto el sumario.
La ‘operación Rocket’ es fruto de una investigación llevada a cabo a raíz de una denuncia del actual gobierno municipal de Peñarroya-Pueblonuevo para aclarar el destino final de unas subvenciones europeas, nacionales y autonómicas otorgadas para el desarrollo económico de las antiguas zonas mineras del carbón. También denunciaba irregularidades que afectarían a los posteriores procesos de contratación pública que se articulaban para hacer efectivas las subvenciones recibidas. La denuncia inicial apuntaba a ilegalidades en la gestión de las subvenciones otorgadas para los proyectos de instalación del denominado Tren Turístico ‘El Guadiato’ y del Museo del Ferrocarril, pero la Guardia Civil ha extendido la investigación a otras ayudas de las que ha sido beneficiario el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo entre los años 2007 y 2011. A los tres detenidos se les acusa de un delito contra la Hacienda Pública, prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, ha señalado que la ‘operación Rocket’, desplegada por la Guardia Civil en Córdoba y otras cuatro provincias españolas por presuntas irregularidades en la recepción de subvenciones, sigue “abierta” y ha esperado que “siga su cauce”. Fernández de Mesa ha recordado que sobre esta investigación se ha decretado el secreto de sumario. “Se ha producido una denuncia y de acuerdo con las instrucciones recibidas por el Juzgado correspondiente, la Guardia Civil, a través de la Unidad Central Operativa, lo que está haciendo es investigar”. La investigación, que sigue su cauce, está en manos del juez que “determinará, dependiendo de los informes que puede aportar la unidad central operativa, lo que en cada momento corresponda”.
Esta es la primera operación que lleva a cabo el recientemente denominado Grupo de Delitos contra la Administración del instituto armado, nueva denominación del hasta ahora Grupo de Delitos Urbanísticos, que fue creado en 2007 ante la proliferación de delitos de este tipo. La investigación continúa abierta y se están practicando registros en las provincias de Córdoba, Barcelona, Lérida, Valencia y León, según ha informado la Guardia Civil.
La ‘operación Rocket’ es fruto de una investigación llevada a cabo a raíz de una denuncia del actual gobierno municipal de Peñarroya-Pueblonuevo para aclarar el destino final de unas subvenciones europeas, nacionales y autonómicas otorgadas para el desarrollo económico de las antiguas zonas mineras del carbón. También denunciaba irregularidades que afectarían a los posteriores procesos de contratación pública que se articulaban para hacer efectivas las subvenciones recibidas.
La denuncia inicial apuntaba a ilegalidades en la gestión de las subvenciones otorgadas para los proyectos de instalación del denominado Tren Turístico ‘El Guadiato’ y del Museo del Ferrocarril, pero la Guardia Civil ha extendido la investigación a otras ayudas de las que ha sido beneficiario el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo entre los años 2007 y 2011. A los tres detenidos se les acusa de un delito contra la Hacienda Pública, prevaricación administrativa y falsedad en documento público.
El proyectado ferrocarril histórico de ‘El Guadito’ estaría destinado a recorrer los parajes de la Sierra de Córdoba, uniendo el extremo de la línea en su vertiente Sur, por un lado, con la población de Almorchón (Badajoz), por otro. Su centro neurálgico estaría situado en la propia localidad corbobesa de Peñarroya-Pueblonuevo. Por parte del Ayuntamiento cordobés suscribió este acuerdo el 29 de enero de 2007 la alcaldesa, Luisa Ruiz; el presidente del Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español, Ricardo Oliver; y el consejero delegado de la Compañía General de Ferrocarriles Turísticos, Carlos Guasch.
Durante la mañana de ayer se llevaron a cabo un total de once registros en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, en una empresa municipal de esa localidad, en varias empresas vinculadas con la investigación ubicadas en otras provincias y en domicilios particulares de los presuntos implicados en el fraude. La operación, que continúa abierta, se desarrolla en Barcelona (sede de los trenes turísticos), Lleida (donde se modifican y se ponen en marcha las máquinas), Valencia y León (en los tallares Celada que trabaja con este tipo de locomotoras). La llevan a cabo agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dirigidos por el Juzgado de Instrucción número dos de Peñarroya-Pueblonuevo.
El secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, ha dicho estar “sorprendido” ante la detención de su portavoz municipal en el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, y ve “extraño el objeto de la investigación”. A su juicio es “muy extraño’ que el registro lo realicen miembros de la Guardia Civil, y que la actual alcaldesa del PP en Peñarroya, María Gil, no haya aportado documentación para hacer necesaria la inspección en el Ayuntamiento. Durán ha precisado que, en cualquier caso, es “prematuro” hacer cualquier valoración sobre la detención de Ruiz.
A ello hay que sumar lo “extraño” que le resulta a Durán que se esté investigando cómo se han invertido los Fondos Miner, dado que “son fondos muy bien diligenciados y muy bien auditados en todos los sentidos”, de modo que “habrá que esperar” a saber que dice de ello la investigación. “Uno puede subir a Peñarroya y ver las actuaciones realizadas y ver todo lo que se ha ejecutado con estos fondos a lo largo de los últimos diez años, no solo en los últimos cinco años”.
La alcaldesa de Peñarroya, María Gil (PP), ha pedido “respeto” a la investigación y ha transmitido “tranquilidad” a los vecinos. Gil ha lamentado que la imagen de Peñarroya se vea “manchada” por este caso de presunto fraude y ha confirmado que la investigación parte de la denuncia presentada por el actual equipo de gobierno ante un juzgado de Peñarroya en octubre del pasado año al detectar “irregularidades” en la gestión de varias subvenciones recibidas entre 2007 y 2011.
Gil ha recordado que las subvenciones otorgadas para el Tren Turístico ‘El Guadiato’ y el Museo del Ferrocarril ascendían a 1,8 millones de euros y 500.000 euros, respectivamente, aunque la investigación se ha extendido a otras ayudas. “El Ayuntamiento seguirá trabajando con normalidad” a pesar del registro al que está siendo sometido para “cotejar y recabar datos que aparecen en la denuncia”.
No es la primera vez que Carlos Guash se ve envuelto en una investigación judicial. Al parecer, según aseguraron miembros del PSOE en Granada, el consejero delegado de la empresa Compañía General de Ferrocarriles Turísticos fue condenado a ocho años de prisión por sus acciones como militante del grupo de extrema derecha Milicia Catalana. Su empresa firmó en 2009 un convenio con el Ayuntamiento de Guadix para poner en marcha un proyecto turístico con la ‘Baldwi’ de Guadix como protagonista. La locomotora más cinematográfica y emblema de la localidad granadina, que además de rodar varias películas ha tirado del ‘Tren de la Fresa’ y otras composiciones, permanece en manos de dicha empresa.
Fue el propio Ayuntamiento de Guadix el que recuperó la locomotora en 1989, cuando era una chatarra, y buscó financiación e inversiones para ponerla en funcionamiento porque vio en ella un potencial de riqueza para la ciudad y un reclamo turístico. Entonces se invirtieron 60 millones de las antiguas pesetas para recuperar la máquina de vapor. “La han entregado a una empresa privada para que haga negocio a costa del dinero que Guadix invirtió en su recuperación”, explicaron los socialistas en junio de 2013.
(Imagen Antonio Manuel Sanz Muñoz)
