Por las consecuencias internas que ya está teniendo tanto en Renfe como en el ADIF y en la propia cúpula de Fomento, el correo electrónico con el que el jefe de maquinistas José Ramón Iglesias Mazaira adelantaba hace año y medio trágicos finales en la curva de Angrois puede compararse a los efectos de un terremoto. Aunque el suelo de Renfe llevaba varias semanas temblando. Más o menos desde los primeros días de diciembre, cuando tuvieron conocimiento de que el sindicato de maquinistas (Semaf) y el abogado del conductor del Alvia accidentado tenían en su poder el documento en el que se exigía medidas de seguridad adicionales en la zona donde tuvo lugar el accidente. En el ADIF, también bajo los efectos de un seísmo que supone un antes y después en el caso, un portavoz oficial aportó una declaración lacónica y quizás por eso exenta de matices: «Nunca nos llegó ese informe». Si no lo recibió al organismo responsable de atender cualquier riesgo en las seguridad ferroviaria, ¿dónde quedó varada la alerta que ha dado un vuelco a la instrucción judicial?

De forma extraoficial, hace un par de meses, el sindicato reclamó a cargos de Renfe las actas de las reuniones en las que se habrían tratado las peticiones del jefe de maquinistas, algunas de las cuales fueron solucionadas. Como no tuvieron éxito, lo reintentaron en diciembre. Al no conseguirlas, el pasado lunes, un día antes de entregar el documento en el juzgado, remitieron una carta al director general de Seguridad de Renfe, Cecilio Gómez-Comino, solicitándolas oficialmente «al considerar que estos documentos pueden ser especialmente relevantes para la defensa del maquinista imputado [Francisco José Garzón Amo]». Se trataba de un verdadero ultimátum. Y así lo debió entender la dirección de la operadora ferroviaria, pues ese mismo día reciben la respuesta de Gómez-Comino, en la que detalla que la empresa «está desarrollando actuaciones» en relación a este asunto y que está elaborando un informe que una vez concluido se entregaría al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

El alto cargo no emplea la palabra investigación, aunque a lo largo del día de ayer La Voz pudo saber que el jefe de área de Investigación Técnica de Accidentes, Manuel Conde García, había estado entrevistando a las personas relacionadas con el informe, incluido el autor, José Ramón Iglesias Mazaira. El que sí pronunció esa palabra -de forma exclusiva para la agencia Efe- fue el presidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, que confirmó la apertura de una «investigación» interna que está dirigiendo el área de Seguridad en la Circulación de la empresa. El terremoto ha sido especialmente virulento en Renfe, que hasta ahora se había mantenido a una cómoda distancia del proceso judicial, en una cierta calma chicha. Las imputaciones se centraban en el ADIF y el presidente de la operadora solo había sido imputado por formar parte del consejo de administración del administrador ferroviario. Ahora vuelven al foco y con un asunto que, de haberse atendido, quizás habría podido evitar el accidente.

Comparecencia «vigente»

En el ADIF, por contra, se reafirman en lo que dijo su presidente, Gonzalo Ferre, en su comparecencia parlamentaria del pasado 8 de agosto, donde recalcó que no se había recibido ninguna queja o advertencia como la que ahora se está investigando, algo que también reflejó Renfe en alguno de los informes que aportó al juzgado. En su momento, alegan fuentes del ADIF, realizaron un amplio rastreo para poder sustentar esa afirmación y no encontraron nada similar a la alerta del maquinista jefe.