La paliza fue tan brutal que el interventor de Renfe sufrió una doble fractura de mandíbula. Dos hombres han sido condenados a dos años de prisión cada uno y a abonar conjuntamente una indemnización de 76.716 euros a la víctima, un trabajador de la empresa pública ferroviaria, a quien la sentencia reconoce la condición de agente de la autoridad. Según el Sindicato Ferroviario (SF), se trata de la primera que reconoce este extremo, si bien Renfe asegura que ya ha habido más.

Los hechos, que los acusados reconocieron y por los que aceptaron los dos años de prisión, se produjeron al 19 de noviembre de 2008, cuando José Domingo F. I. fue requerido por el interventor en la estación de cercanías de Pozuelo de Alarcón para que picara el billete, “ya que pretendía entrar sin pagar”, según explica la sentencia del Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid. El hombre se negó y comenzó a increpar al interventor y a acercarse a él en actitud intimidatoria hasta que comenzó a empujarle.

En ese momento un amigo del agresor, Ramón G.-N., que entraba en la estación “se metió en medio y propinó un fuerte puñetazo en la cara” al empleado. “Se abalanzaron sobre él y le agredieron con puñetazos y patadas por todo el cuerpo” hasta derribarle, prosigue la sentencia, que es firme.

A consecuencia de la paliza, el trabajador sufrió una doble fractura en la mandíbula que necesitó tratamiento quirúrgico, de la que tardó 371 días en recuperarse (cinco ingresado) y durante otros 317 estuvo impedido para sus actividades habituales. Las secuelas consisten en una alteración de la oclusión dental y un trastorno neurótico por estrés postraumático medio, además de la pérdida de un molar.

La sentencia recoge también que Domingo F. I. desafió a los policías que acudieron al lugar y se negó a identificarse.

El fallo condena a cada uno de los acusados (carentes de antecedentes penales) a un año de prisión por atentado a agente de la autoridad y a otro año por un delito de lesiones, además de la indemnización de 76.716 euros.

La Ley del Sector Ferroviario (de 2003) y el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (de 1990) otorgan a los interventores ferroviarios la condición de agentes de la autoridad, pero según el SF nunca antes se había reconocido en sentencia.